Por la aplicación de la nueva Ley de Medios, por el desarrollo de nuestros propios medios de comunicación alternativos

La suspensión a la Ley de Comunicación y Servicios Audiovisuales llegó finalmente a la Corte Suprema de Justicia, que deberá pronunciarse sobre este tema. Bloqueada por la corporación judicial, que tiene entre sus integrantes a prominentes jueces colaboracionistas de la dictadura militar, la nueva legislación recoge buena parte de los contenidos postulados por la “Coalición por una Radiodifusión Democrática” en los famosos 21 puntos que fueron acordados en agosto de 2004 por un conjunto de organizaciones sociales, sindicales y medios comunitarios.

Comparada con la normativa anterior, la nueva ley presenta aspectos superadores y abre determinadas posibilidades de acceso a medios para organizaciones sociales, gremiales, de pueblos originarios, etc. No registrar este matiz y señalar que esta ley es “peor” que la anterior habla da cuenta de un evidente infantilismo. Sin embargo, al mismo tiempo hay que señalar con fuerza que la nueva Ley está a años luz de ser la “maravilla democrática” que desde el gobierno nacional presentan y que muchos compañeros y compañeras del campo popular creen ver.

Al respecto, en primer lugar no puede perderse de vista que la supuesta voluntad “democratizadora” del kirchnerismo en materia comunicacional queda desmentida por sus antecedentes previos en estas cuestiones. No resulta creíble que el mismo espacio político que a mediados de 2005 extendió automáticamente las licencias por una década a los propietarios de los grandes medios de comunicación; y que el  7 de diciembre del 2007 firmó el decreto que permitió la fusión de Cablevisión y Multicanal para beneficio de Clarín, se haya vuelto ahora en defensor intransigente de la democracia comunicacional.

Salta a la vista que la ruptura política del gobierno kirchnerista con el grupo Clarín, que se hizo pública durante el conflicto “gobierno- campo”; y la posterior derrota electoral en las legislativas de junio pasado, fueron las razones que decidieron al oficialismo a avanzar en este tema. Lanzado en esta carrera, de vida o muerte para la continuidad del proyecto kirchnerista, al gobierno nacional le resulta imprescindible hacer pie en el sistema de medios masivos para incidir e influenciar en la  opinión pública de cara al 2011.

Más allá de lo anterior, y yendo a lo fundamental, es necesario señalar que desde el punto de vista de la clase trabajadora el surgimiento de nuevos “6, 7 y 8” está muy lejos de significar la democratización de la palabra pública. En verdad, no hace otra cosa más que reflejar que de un tiempo a esta parte la interna de la burguesía también resuena en los medios masivos de comunicación; es decir, que ya no se escucha solamente la palabra de Clarín y el grupo Uno sino que de la mano de sus empresarios amigos y a través de la televisión estatal (devenida en pura propaganda gubernamental) el gobierno nacional empieza a quebrar poco a poco el “cerco mediático” de Ernestina de Noble, Magnetto y compañía.

Conscientes de estas limitaciones estructurales, pero convencidos de que en este tema la peor alternativa para el campo popular es la continuidad de la ley de radiodifusión de la dictadura y el menemismo, desde MIR nos pronunciamos por la inmediata aplicación de la nueva Ley de Comunicación y Servicios Audiovisuales. Con la implementación de la ley, para las organizaciones obreras y populares en lucha se abrirá un escenario que factiblemente ofrezca “brechas”, que será tarea saber aprovechar, para hacer escuchar nuestras voces y dar a conocer nuestras ideas entre un sector más amplio de la sociedad. Sin embargo, la tarea fundamental seguirá pasando por nuestra capacidad para gestar nuestros propios medios de comunicación alternativos, estrechamente vinculados con nuestras experiencias de construcción de base en el seno del pueblo trabajador, para que los de abajo podamos efectivamente tomar la palabra y dar a conocer esa “otra realidad” que los medios comerciales de comunicación seguirán ocultando.

Movimiento de Izquierda Revolucionaria
(30/04/2010)

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