TBA y el gobierno nacional son responsables del accidente ferroviario en Once

50 muertos, 700 heridos: una masacre anunciada

Cómplices. El titular de TBA, Claudio Cirigliano; la presidenta de la Nación, Cristina Kirchner; y el Secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, en marzo de este año, en una inauguración de vagones para la foto. 

Más de 50 muertos y 700 heridos es el luctuoso saldo que dejó el accidente ferroviario que tuvo lugar ayer en la Estación Once (Plaza Miserere), con un tren de la línea Sarmiento que administra la empresa TBA, al que le fallaron los frenos, chocó a más de 20 kilómetros por hora contra los topes del anden de la estación.

A diferencia de lo que dicen la empresa TBA, el Secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, y diversos medios de comunicación, no estamos ante una inesperada tragedia sino ante una verdadera masacre anunciada. En innumerables ocasiones, el antiburocrático cuerpo de delegados de la línea Sarmiento, cuyo principal dirigente es el compañero Rubén “Pollo” Sobrero, denunció pública y judicialmente la política criminal de desinversión de la empresa TBA, que pese a embolsar millonarios subsidios pagados por el Estado, se negó permanentemente a invertir esos fondos en el adecuado mantenimiento de vías, sistema de señales y material rodante. Las consecuencias terribles de esta política empresarial-estatal están hoy a la vista de todos, cuando ya es tarde para lamentos oportunistas.

Cabe recordar que TBA, del Grupo Cirigliano, está al frente de la concesión del Sarmiento (que va de Moreno a Once) desde el año 1995; es decir, desde el menemismo a esta parte TBA fue sostenido por todos y cada uno de los gobiernos que se sucedieron, peronistas y aliancista, incluyendo obviamente los “nacionales y populares” de Néstor y Cristina Kirchner, que desde hace casi 9 años vienen alimentando los millonarios negocios de esta lacra empresarial. Durante este lapso, el grupo Cirigliano creció exponencialmente en sus negocios y ganancias: además de la administración de líneas ferroviarias, se expandió hacia el sistema de omnibus urbano y de larga distancia (Grupo Plaza) e incluso desembarcó con inversiones en el sistema de subtes de Brasil.

La contracara de esos fabulosos negocios en ascenso es el drama de más de 50 familias trabajadoras que, por responsabilidad de empresarios corruptos y funcionarios gubernamentales de igual calaña, perdieron ayer a sus seres queridos, en un accidente tan evitable como preanunciado.

No hay “duelo nacional” que pueda reparar esta pérdida ni ocultar las evidentes responsabilidades que llegan hasta lo más alto del gobierno nacional.

¿A quiénes le echarán la culpa esta vez el kirchnerismo y sus alcahuetes mediáticos a sueldo?

¡Fuera TBA y todas las empresas concesionarias de nuestros ferrocarriles!

¡Reestatización de la gestión del sistema ferroviario, de transporte urbano y de cargas, bajo control de trabajadores y usuarios!

¡Renuncia inmediata del Secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi!

Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR)
(Ciudad de Buenos Aires, 23/02/2012)

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Megaminería: Profundizar el modelo con cianuro

Famatina: el agua, el oro y la vida

“El sector minero puede ayudar muchísimo para el desarrollo argentino, para el crecimiento productivo, del empleo, de las exportaciones, para el ingreso de divisas. Así que nosotros desde el Gobierno Nacional vamos a jugar fuertemente a apoyar al sector”, decía Néstor Kirchner en la inauguración del Plan Minero en 2004, amparado en las leyes mineras legadas del menemato. Tal como lo avizoró en aquella oportunidad, el desarrollo minero viene avanzando gracias al apoyo del gobierno nacional y los gobiernos provinciales, pero también encontrando la resistencia de las comunidades. Desde la constitución de 1994, la administración de los recursos naturales depende de las provincias. En el caso de iniciativas de este tipo que tienen un alto impacto ambiental, las mismas generan la resistencia popular.

La minería a cielo abierto es una forma de extracción de minerales que a diferencia de la minería tradicional de socavón, basado en la perforación de la montaña, utiliza explosivos que destruyen los cerros dejando toneladas de material que luego debe ser procesado. La técnica más utilizada es la de lixiviación, que permite separar los minerales buscados (oro y plata la mayoría de las veces) del resto de los desechos. Esta técnica utiliza al cianuro como sustancia que permite separar los minerales. Esto trae como consecuencia el derrame y filtrado de sustancias tóxicas para el medio ambiente y para la vida. Además, el proceso requiere grandes cantidades de agua, que en una zona casi desértica como es la provincia de La Rioja el impacto es altamente crítico.

A lo largo y ancho del país se vienen gestando las Asambleas Ciudadanas. Algunas sobrevivientes del estallido del 2001, otras surgidas con motivo de la resistencia a la minería a cielo abierto. Nucleadas en lo que se conoce como la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), vienen desarrollando acciones de coordinación en las diferentes provincias para enfrentar a las empresas y a los gobiernos pro mineros, como es el caso de José Luis Gioja (San Juan), Daniel Peralta (Santa Cruz), Martín Buzzi (Chubut), y Luis Beder Herrera (La Rioja) por mencionar algunos. Todos gobernadores kirchneristas.

El Famatina no se toca

La localidad de Famatina arranca su historia de lucha en el 2007, cuando la Barrick Gold había intentado explotar la zona de la vieja mina La Mexicana. En ese momento, las diferencias entre el gobernador Ángel Maza y su vice Luis Beder Herrera sumaron un nuevo foco de conflicto. Beder Herrera, con un discurso anti minero e impulsor de la ley 8137 (1) que prohibía actividades que utilizaran cianuro, se puso del lado de las movilizaciones y las asambleas, y la crisis del gobierno hizo dar marcha atrás el proyecto provocando la retirada de la Barrick. Como consecuencia de esto, Angel Mazza fue destituido en marzo del 2007.

En las elecciones de los meses siguientes, Beder Herrera, con un fuerte discurso ambientalista, fue elegido gobernador. Casi un año y medio después, y apoyándose prácticamente en los mismos legisladores que la sancionaron, se derogó la ley que prohibía la explotación minera.

Una integrante de la asamblea de Famatina decía: “una falta de respeto para los que han trabajado muchos años defendiendo la vida; esa lucha y ese sacrificio ha beneficiado a un sector político para destituir a un gobierno y sentarse en el poder, y hoy está entregando los recursos naturales, burlándose de la decisión de un pueblo”.

En junio de 2011, el gobernador declaró “Tiene que dejarse de joder con la minería”. En Diciembre, luego de una reunión entre funcionarios provinciales y miembros de la empresa Osisko (nueva interesada en el Famatina), se encontraron “listas negras” que contenían datos personales de integrantes de las asambleas de Famatina y Chilecito. Toda una muestra de la metodología que los funcionarios están dispuestos a utilizar para frenar la lucha popular.

Casi la totalidad de los 6000 habitantes de la localidad de Famatina se viene movilizando para evitar los inicios del plan de exploración de Osisko Mining Corporation. En el corte iniciado el 2 de enero la población se mantiene firme frente a la vigilancia de fuerzas policiales que amenazan con repetir lo sucedido en Andalgalá (2). Al cierre de este artículo el gobernador Beder Herrera anunció la postergación en el inicio de las actividades, abriendo un impasse en la pelea, con el fin de ganar tiempo para desarticular la movilización popular.

Frente a esto, los habitantes de Famatina se mantienen firmes en el reclamo. Saben que no están solos, que están acompañados por miles de trabajadores, estudiantes y organizaciones a lo largo y ancho del país que vienen haciendo suyo el lema “El Famatina no se toca”.

Seguiremos resistiendo a la minería y luchando contra un modelo que pretende saquear nuestros recursos naturales, a costa de la salud de nuestro pueblo y en beneficio de las multinacionales.

Pedro Benedetti

Notas:
1- Dicha ley fue aprobada en marzo del 2007 por la legislatura riojana.
2- En febrero del 2010, los vecinos de la localidad de Andalgalá, en Catamarca, fueron reprimidos en una protesta anti minera. El saldo fue de unas 60 personas heridas por el accionar policial.

El panorama megaminero

Las luchas en defensa de los bienes comunes, la resistencia al saqueo y la contaminación han conocido en los últimos años un crecimiento extraordinario. El avance de estas luchas ha sido proporcional al intento incesante de capitales transnacionales por atravesar nuestras fronteras. Y este avance es, a su vez, la consecuencia directa de la política pro minera del gobierno nacional: entre el 2003 y el 2010 se registró un crecimiento acumulado de 1544% en las inversiones, mientras que la cantidad de proyectos para 2010 es de 572, un 3078% más que en 2003, cuando asumiera Néstor Kirchner. Los datos anteriores muestran la dimensión que la extracción minera tiene para el proyecto kirchnerista: es uno de los pilares de su modelo económico.

El año que comienza trae noticias importantes y renovadas luchas en lo que se refiere a la resistencia contra la megaminería. Dos días antes de finalizar el 2011 el kircherismo logró en Río Negro la derogación de la Ley 3891 que impedía la minería metalífera a cielo abierto con uso de cianuro y mercurio. Esto permitiría la inmediata puesta en funcionamiento del proyecto Calcatreu, que ya ha sido rechazado masivamente por los pobladores de Ingeniero Jaccobacci, ubicado a diez kilómetros de la mina. Calcatreu, además, pondría en peligro la subsistencia de las comunidades mapuches y tehuelches que habitan los alrededores.

Una iniciativa idéntica tiene lugar en Chubut, cuyo gobernador pretende terminar con la Ley 5001, que prohíbe la minería a cielo abierto con uso de cianuro. Así, se intentaría poner en marcha un emprendimiento que fue rechazado previamente en 2003.

Mientras tanto en la provincia de Mendoza, la situación no es muy diferente. Luego del triunfo popular que logró detener el proyecto San Jorge en el mes de agosto, tres meses después el gobierno provincial arremetía de nuevo. El pueblo de San Carlos cortó la ruta para detener las exploraciones de la Teck Cominco, que pretende extraer oro y plata. Además, el nuevo director de minería de la provincia declaró que “Mendoza debe tener un desarrollo minero porque es una provincia minera” (Los Andes, 21/01/12). Como última perlita, Cristina Fernández de Kirchner anunció que visitará personalmente la mina de Potasio Río Colorado, de capitales brasileros.

Al panorama nacional debe agregarse la resistencia heroica por el Famatina (ver nota central), las protestas en Chilecito por igual motivo, y el corte de ruta de los catamarqueños en Belén, que siguen combatiendo La Alumbrera.

El modelo es un gran agujero

La megaminería tiene una importancia central (junto con la sojización de los campos) en la tan mentada “profundización del modelo”, con lo que se trata de mejorar la competitividad y posicionar a Argentina un gran exportador.
En lo concreto esto implica reducir al mínimo las restricciones a las transnacionales a través de la flexibilización de leyes, bajísimas retenciones, privilegios impositivos.

Al mismo tiempo en que se da luz verde al saqueo, se profundiza el capitalismo dependiente argentino. Se abren las puertas de par en par a las Barrick, Coro Mining, Yamana Gold, Vale, etc. para que inviertan millones de dólares que luego recuperan acrecentados miles de veces. Dejan miseria, contaminación mientras se llevan todo. El modelo es un gran agujero.

La lucha se renueva

El avance megaminero ha encontrado una resistencia férrea en todo el país. A lo largo de toda la cordillera el pueblo dijo no al ataque imperialista para despojar esta tierra de nuestros bienes comunes. Una de las herramientas que se contó en esta pelea fueron las diferentes “leyes anticianuro” sancionadas desde el 2003 por iniciativa popular. Sin embargo, la fortaleza que alcanzó el kirchnerismo con las últimas elecciones, y que le otorgó casi todas las gobernaciones del país, permite augurar que arremeterán contra dichas leyes, como ya se hizo en Río Negro.

En lo inmediato, parece claro que los esfuerzos de las diferentes organizaciones socio-ambientales, asambleas populares, estarán destinados a la defensa de las leyes antimineras. Ese pareciera ser el gran dique de contención, aunque es evidente que lo único que nos permite resistir en pie es la organización y movilización constante en todos los puntos del país.

En una perspectiva de mediano plazo es necesario tener conciencia de que cualquier freno al ingreso de mineras que contaminan y roban lo nuestro es provisorio. El lugar que ocupa nuestro país en el orden capitalista es el de ser productores de materias primas, lo que en gran medida es llevado a cabo por capitales extranjeros en terreno argentino, que se lo llevan todo ayudados por un gobierno, un Estado y una burguesía criolla cómplices.

La lucha contra la megaminería sigue siendo una parte dentro del conjunto de la lucha antiimperialista de nuestro pueblo. Desde hace años adquirió una relevancia en la agenda política que sólo una gran ceguera puede ignorar. Por lo tanto, la tarea de los revolucionarios es ser parte de ella y trabajar para que se transforme en una lucha contra el azote del imperio y por la liberación definitiva de nuestro continente americano.

Ariel

(Artículos publicados en A Vencer N°39, edición enero-febrero)

Editorial de A Vencer Nº 39, enero y febrero de 2012.

¿Cómo era eso de “nunca menos”?
Basta de verso: la “sintonía fina” es ajuste

Si algo ha demostrado permanentemente el kirchnerismo es una marcada capacidad para innovar con el lenguaje político; para construir con el discurso determinadas interpretaciones de la realidad que a fuerza de ser repetidas, una y mil veces, dan vida al “relato” épico kirchnerista que pretende explicar esa realidad en función de sus necesidades políticas.

Por ejemplo, el pago de miles de millones de dólares a los organismos internacionales de crédito no es una manifestación de la dependencia económica y política de nuestro país respecto al imperialismo, sino por el contrario la expresión de una política de “desendeudamiento” de carácter soberano. Así, el kirchnerismo logró el milagro de convertir el pago sistemático de la fraudulenta deuda externa en una acción de política antiimperialista. Notable.

En esta tónica, la Presidenta de la Nación acuñó en las últimas semanas un nuevo eufemismo (la “sintonía fina”) para maquillar una política que sustancialmente es de ajuste (aumento de tarifas, pérdida del poder adquisitivo popular a raíz de la inflación, recortes de los planteles estatales en algunas provincias, etc.) y que es producto de los límites propios del modelo económico kirchnerista.

No obstante, si los gobiernos fervorosamente neoliberales (el menemismo, la Alianza) presentaban sus programas de ajuste como la respuesta inevitable a las exigencias y necesidades del mercado todopoderoso; el kirchnerismo dice hacerlo, en cambio, con el objetivo de poner fin “a las avivadas” y privilegios de algunos pocos en defensa del bienestar general. Un giro discursivo que pretende ocultar lo evidente: que tanto el gobierno nacional como los provinciales buscarán descargar en los sectores populares -cada cual a su modo y el kirchnerista será como siempre ambiguo- los costos de la profunda crisis económica internacional, que tiene su epicentro en Europa, pero que de a poco ya se hace sentir en países periféricos como el nuestro.

Para llevar adelante esta política Cristina Kirchner profundiza su rol y exacerba toda su gestualidad como “árbitro” del conflicto de clases. Ataca a los gremios y denuncia como “extorsión” cualquier medida de lucha que no se sujete a las directivas gubernamentales, para luego emprenderla verbalmente -con menor frecuencia por cierto- contra determinados sectores empresarios (el caso más reciente es con las petroleras), a quienes reprocha su afán excesivo por la obtención de ganancias y sus prácticas monopólicas.

Una de cal y otra de arena: es que cada tanto el gobierno nacional le demuestra a la gran burguesía que si bien posiblemente éste no sea plenamente “su” gobierno, sí es indudablemente el gobierno que necesitan para asegurar la estabilidad política imprescindible que permite la continuidad de sus negocios.

Una interna cada vez más dura

En este marco de tensión, el recrudecimiento de la puja entre el gobierno nacional y el jefe de la CGT, Hugo Moyano, es el elemento político más destacado de estas semanas.

Los más de 200 despidos de trabajadores encuadrados en Camioneros, pertenecientes a la empresa Camuzzi en la ciudad de Trelew, Chubut -que además fueron duramente reprimidos por la policía local- fueron el detonante de una nueva escalada entre los hasta hace muy poco “socios estratégicos”. Esta puja supera el carácter de enfrentamiento meramente corporativo y expresa las crecientes tensiones políticas al interior del oficialismo.

En este sentido, los cruces entre el gobierno nacional y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, anticipan un escenario de fricción que se agravará cada vez más en el transcurso del año. Las versiones extraoficiales y “rumores de pasillo” que plantean en la agenda una posible iniciativa de reforma constitucional para permitir una tercera reelección de Cristina Kirchner -más no sea como “globo de ensayo” para medir reacciones-, indica a las claras que esa disputa al interior del peronismo marcará la cancha (política) del período próximo.

La existencia de niveles agudos de enfrentamiento entre los de arriba genera siempre mejores condiciones para la lucha de los de abajo: las pujas en el campo oficialista abrirán resquicios que deberemos aprovechar con inteligencia para potenciar todo lo que podamos la lucha de clases.

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Respuestas populares a la ofensiva de los de arriba

A fin del año pasado, en el sur de nuestro país, en la combativa Santa Cruz, se produjo un anticipo de lo que puede llegar a venir si se generalizan los planes de ajuste en las provincias más asfixiadas financieramente. La coordinación de todos los gremios estatales (ADOSAC, ATE, UPCN, entre otros) y la CTA local, que se movilizaron unitariamente, echó por tierra el durísimo plan de ajuste que pretendió implementar el gobernador Daniel Peralta, a su vez enfrentado con los sectores kirchneristas “puros” de la provincia.

En otro orden, pero igual de relevante, se ubica la enorme movilización popular de la comunidad de Famatina, en La Rioja, que logró visibilidad nacional y puso un freno momentáneo al inicio del plan de exploración de la Osisko Mining Corporation. La decisión de postergar las actividades de este pulpo minero transnacional debió ser tomada, a su pesar, por el gobernador Beder Herrera, que con esta maniobra busca ganar tiempo para desarticular la resistencia popular.

Más allá de sus evidentes diferencias, ambos hechos sobresalen porque ponen de relieve que a través de la lucha popular decidida, es posible enfrentar la ofensiva de los de arriba, ponerles un freno e inclusive obtener victorias. Ése debe ser el camino a seguir.

Que no nos roben nuestro poder adquisitivo

Las paritarias marcarán el ritmo de la lucha de clases en los próximos meses. La Presidenta dice que no habrá “techo” al mismo tiempo que anuncia la conformación de un equipo de trabajo encabezado por la ministra Débora Giorgi que hará un seguimiento particular a determinadas negociaciones sectoriales, utilizando como variables fundamentales los niveles de productividad y competitividad del sector. Una novedad a medida de los anhelos empresariales.

A contramano de este enfoque oficial (claramente patronal), los trabajadores y trabajadoras debemos organizarnos de cara a las paritarias poniendo por delante la necesidad de mantener y ampliar el poder adquisitivo de nuestros salarios, por arriba de la inflación; debemos exigir que no se produzca ningún despido ni suspensión; el fin de la precarización laboral y el pase a planta y/o efectivización de todos los contratados; y la anulación de los aumentos de tarifas e impuestos.

A la “sintonía fina” que nos ajusta, opongamos la lucha obrera y popular en defensa de nuestros derechos.

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