Editorial A Vencer Nº44, edición de julio

Unidad del movimiento obrero, desde las bases y en la lucha

El paro y movilización a Plaza de Mayo del 27 de junio último convocado por Hugo Moyano, en la que participaron aproximadamente 40.000 personas, la mayor parte de ellas del sindicato de Camioneros, marcó un “parte agua” en la interna de la CGT y aceleró tiempos en la fase decisiva. Por lo que, obviamente, la valoración de este hecho político fue motivo de polémica y las interpretaciones que puedan hacerse no son externas a la disputa política, sino parte integrante de la misma.

Para algunos dirigentes del oficialismo “Moyano tenía más poder antes que después del acto de Plaza de Mayo”; para el miembro de la Sociedad Rural, dirigente de UPCN e integrante de la fracción “independiente”, Andrés Rodríguez, el acto demostró que “la CGT somos nosotros”; en tanto algunos periodistas afines a la Casa Rosada hablaron de “empate técnico” o aceptaron que lo del 27 de junio fue “ni tanto ni tan poco”. Lo que es seguro es que en ningún caso puede hablarse de un triunfo del moyanismo que empieza a ver reducidas sus posiciones al enorme poder fuego de Camioneros, rodeado de un pequeño grupo de gremios chicos y con escasa capacidad de movilización, aliados históricos de Moyano.

Como es de esperar, el gobierno nacional no se va a quedar de brazos cruzados en el desenlace de esta interna y, al cierre de esta edición, el Ministerio de Trabajo se preparaba para aprobar la impugnación presentada por los “gordos” y otros sectores antimoyanistas para que se declare nulo el confederal que convocó a la elección de autoridades de la CGT para el 12 de julio. De este modo, en las semanas sucesivas se irá consagrando formalmente una ruptura que es un hecho desde hace meses y la “legalidad” de la CGT irá quedando en manos del sector que amontona a Caló, Rodríguez, Lingieri y los “gordos” del menemismo: Lescano, Cavallieri, West Ocampo… ¡Una muy apropiada y digna representación gremial del proyecto “nacional y popular”!

Cristina quiere un movimiento obrero dividido y domesticado

El telón de fondo de este enfrentamiento es la crisis capitalista que el gobierno kirchnerista pretende enfrentar con un “mix” de medidas de ajuste con iniciativas keynesianas, cuyo máximo exponente es el plan de viviendas (“Pro.Cre.Ar”) anunciado semanas atrás con bombos y platillos por la Presidenta y el viceministro de Economía, Axel Kicillof.

Lo cierto es que detrás de algunas cortinas de humo (¡las inversiones chinas están de vuelta!), los efectos de la crisis económica mundial empiezan a hacerse sentir donde más duele: en los niveles de empleo. Ya se han conocido suspensiones y despidos como respuesta patronal a la desaceleración de la economía o a raíz de las trabas comerciales en sectores metalúrgicos, autopartistas, terminales automotrices, olivícola (aceitunas Nucete), entre muchas otras a lo largo y ancho del país.

Ante este cuadro, como expresáramos en una declaración pública en relación al paro de la CGT-Moyano firmada por diversas organizaciones, “con la crisis capitalista golpeando las puertas, con una estructura económica extranjerizada y monopólica en muchas de sus ramas, con una creciente inflación que ataca directamente al salario; la burguesía y el gobierno nacional buscan fracturar al movimiento obrero para que sea más dócil y domesticado. Las constantes descalificaciones de la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, hacia los sindicatos y las justas luchas de los trabajadores son una clara expresión de esa necesidad”.

Acá se ubican las razones de fondo del enfrentamiento entre Cristina Kirchner y Moyano, en una coyuntura en la que el gobierno nacional no puede tolerar la más mínima “autonomía relativa” de las direcciones sindicales que le son afines, ni siquiera en sus formas más burocráticas (es decir, no hay ningún margen para una política “neo-vandorista” de las cúpulas gremiales). Ni que hablar de las expresiones más o menos independientes o combativas a las que descalifica una y otra vez y ante las cuales no ha dudado en aplicar diversas variantes de criminalización de la protesta social (movilización de fuerzas de seguridad, inicio de causas judiciales, tercerización de la represión a través de patotas, etc.)

La pelea de fondo

La puja al interior de la CGT se inscribe en la batalla mayor que se está dando dentro del oficialismo por el recambio presidencial del 2015, cuyo epicentro se ubica en terreno bonaerense, donde el gobierno nacional no para de cascotearle el rancho a Scioli. La política de hostigamiento del kirchnerismo, a través del vicegobernador Mariotto, es tan evidente que comparativamente el ex vicepresidente Julio Cobos se convierte en un abanderado de la “lealtad” peronista.

El anuncio de Scioli del desdoblamiento en ¡cuatro pagos! del medio aguinaldo es la primera expresión grave, en términos de gestión y gobernabilidad, de esta puja al interior del Frente para la Victoria. Es sabido que el gobierno nacional giró $1000 millones de pesos (lo justo para el pago de sueldos) de los $2500 que necesitaba el sciolismo para hacer frente a todos los compromisos. Y la consecuencia de esta movida, en la que se combina crisis económica con puja de proyectos políticos, será una andanada de luchas y protestas de trabajadores estatales, judiciales y docentes.

ATE y el SUTEBA kirchnerista ya anunciaron que harán paro. ¿Qué dirá de estos legítimos reclamos el titular de la CTA chupamedias, Hugo Yasky?, ¿los considerará igual de “destituyentes” que el paro de la CGT de Moyano?

Por una intervención independiente de los trabajadores

En el medio de estas internas y fracturas ajenas debe desenvolverse la pelea por nuestros intereses como clase. En este sentido, no hay que perder de vista que las demandas que levanta la fracción de la CGT que aún conduce Moyano son tan justas como parciales: el salario no es ganancia y las asignaciones familiares deben ser cobradas por todos los trabajadores y trabajadoras. Sin embargo, esos planteos se quedan cortos, por lo que es una obligación de los sectores que nos reclamamos como antiburocráticos y clasistas hacer los mayores esfuerzos para instalar en la agenda política nacional las demandas de la totalidad de nuestra clase.

Por eso, hay que pelear por respuestas urgentes para más del tercio del total de los asalariados que trabajan en negro o sobreviven con “changas” informales, a los que la inflación les pulveriza día a día sus ingresos; o esos casi cuatro millones de compañeros/as que trabajan en blanco pero con salarios inferiores a los $4000 que apenas si llegan a cubrir la canasta básica.

De más está decir que no nos comemos el verso que propone la Presidenta que los de abajo “redistribuyamos” la riqueza entre nosotros; es decir, que nos matemos entre los laburantes por migajas para que los que tienen un ingreso apenas un poco mejor que el resto aporten lo que no ponen los patrones. Lejos de esto, hay que nivelar “para arriba”, y la plata, que está, tiene que salir del fin del pago de la deuda externa y de una profunda reforma tributaria, realmente progresiva, para que los empresarios y ricos paguen más, para que los ingresos a las arcas fiscales no se sostengan fundamentalmente con impuestos al consumo popular (como el IVA).

A su vez, la lucha por nuestros intereses debe enlazarse en la práctica con la construcción de un nuevo modelo sindical democrático, participativo y con principios de clase. La cuestión de la democratización de nuestras herramientas gremiales no es un problema de orden teórico o filosófico, sino la condición de posibilidad para que los trabajadores y trabajadoras podamos llevar adelante las grandes luchas que son necesarias para conquistar las mejoras económicas que nos merecemos.

Para esta política, y en la perspectiva de construcción de una alternativa política de los de abajo, luchemos por la unidad del movimiento obrero desde las bases y levantemos un pliego de reivindicaciones del conjunto de nuestra clase trabajadora.

Ni despidos, ni suspensiones. Salario mínimo acorde a la canasta familiar. Basta de trabajo en negro, de flexibilización y precarización laboral. Derogación del impuesto al salario. Universalización de las asignaciones familiares. 82% móvil para nuestros jubilados. Desprocesamiento de los luchadores populares. Abajo la Ley Antiterrorista.

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