Memoria histórica

A 37 años de la caída del gobierno de Salvador Allende, el pueblo latinoamericano no perdona, ni olvida los crímenes y torturas desatadas contra el pueblo chileno

El 11 de septiembre de 1973 quedó grabado en la memoria del pueblo latinoamericano, como el día en que las F.F. A.A. chilenas con la dirección de la CIA y del gobierno estadounidense, dieron el golpe de Estado más cruento de América Latina, hiriendo de muerte al pueblo chileno que estaba construyendo el socialismo. El presidente Salvador Allende murió el mismo día del golpe en “La Moneda” una vez que se desató el bombardeo.

En 1967 comenzó en Chile un período de recesión económica que frenó las reformas de la Democracia Cristiana (D.C.) razón por la cual la “Revolución en libertad” perdió la simpatía inicial de las masas; sin resolver la crisis del régimen oligárquico. Esta situación dividió a la clase dominante: una parte apoyaba las reformas de la D.C.; y otra parte mayoritaria, expresada en la derecha del Partido Nacional (P.N.) que se  subordinaba a las políticas imperialistas. Paralelamente, se desarrollaba un proceso de auge de masas. Los mapuches en el sur iniciaron las corridas de cercos para recuperar tierras, los campesinos ocuparon tierras en manos de latifundistas, que se extendió por todo el país. En las zonas urbanas, pobladores sin vivienda multiplicaron las tomas de tierras organizando campamentos. La movilización estudiantil por la reforma universitaria y el cogobierno se multiplicó. Este movimiento de masas se volcó a las calles, las industrias fueron ocupadas por sus trabajadores, huelgas de profesores, de trabajadores de la salud, bancarios, mineros, municipales, hasta la ocupación de la Catedral. Incluso  se realizó un “paro militar”, hacia fines del gobierno de Frei. Sobre la superficie se exponían los síntomas de un sistema de dominación resquebrajado.

El Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) cumplía dos años de vida, en 1967 había realizado su Congreso en el que había elegido al Comité Central y a su Secretario General: Miguel Enríquez. Ese acelerado ascenso de masas planteaba un gran desafío a los revolucionarios: construir una vanguardia que pudiera conducir la acumulación de fuerzas; y enfrentar la represión  del gobierno y la derecha.

El gobierno de Frei impuso la violencia sistemática contra el movimiento de masas. Los Estados latinoamericanos habían perfeccionado su capacidad contrainsurgente, el Estado chileno creó elementos contrainsurgentes con asesoramiento estadounidense: el Ejército formó las Compañías de Boinas Negras; la Infantería de Marina preparó  fuerzas especiales; Carabineros creo el Grupo Móvil. Las clases dominantes usaron su poder económico, político, ideológico y militar para enfrentar a la insurgencia popular.

La división de las clases dominantes abrió la posibilidad para que la izquierda ganase las elecciones presidenciales de 1970. Pero, la oligarquía chilena, no entregaría sus beneficios; en palabras de Pascal Allende(1): “creer que las clases dominantes chilenas respetarían la institucionalidad democrática era una irresponsabilidad”. La burguesía y sus cómplices estadounidenses recurrirían al uso de la violencia para mantener el poder. Uno de los desafíos para los revolucionarios era construir una vanguardia que luche para crear poder obrero y popular; y formarse militarmente para enfrentar a la estrategia de la burguesía.

El deseo de cambio se había generalizado, se abría un gran ascenso y radicalización de masas; la mayoría de los sectores populares creían que el proceso de cambio tenía lugar dentro del sistema político institucional. La esperanza de que Salvador Allende ganase las elecciones crecía como la confianza en que podría encauzar las reformas prometidas.

La prensa conservadora difundía que el MIR era sólo un grupo armado, cuando más del 90% de los miembros estaban inmersos en el trabajo social y revolucionario. El MIR logró influencia entre los obreros de la pequeña y mediana industria hacia 1969. La lucha que impulsaba no se reducía a un mejor salario, o mejores condiciones de trabajo; sino extender la democracia a las empresas y luchar por la socialización de la propiedad. Fomentaban relaciones igualitarias, participativas, un nuevo orden popular alternativo. La movilización de las masas por sus intereses, es el eje central de la acumulación de fuerzas. Luchando por las necesidades inmediatas de los sectores obreros y populares, los revolucionarios pueden contribuir a desarrollar la conciencia sobre las formas de dominación del capitalismo y sus patrones. Para fines de 1970 impulsaron el control obrero, las ocupaciones de fábricas, reclamando al gobierno de la Unidad Popular (U.P.) su expropiación. La sindicalización extendida de empleados, y obreros urbanos y rurales, alentando su unificación en la Central Única de Trabajadores (CUT), y la superación de la división entre organización reivindicativa y política. Promovían la formación de movimientos que fusionaran la identidad social y la opción política revolucionaria entre trabajadores, estudiantes, campesinos y pobladores. La política de masas impulsada por el MIR tuvo un gran impacto porque la práctica de lucha social y política que proponían cuestionaba el orden burgués establecido desde 1930.

Elecciones presidenciales de 1970

En marzo de 1970, la clase dominante se dividió en dos candidaturas: el Partido Nacional y los conservadores apoyaron al ex presidente Jorge Alessandri; la D.C. postuló a Radomiro Tomic; división que favoreció la candidatura de Salvador Allende por la U.P. Allende ganó las elecciones; aunque Alessandri no lo aceptó.

Primer intento de golpe de Estado: se abrió un período de conmoción social, la derecha agita el terror comunista y el pánico logrando que sectores de la burguesía emigren. Se organizaron grupos armados con el nombre “Patria y Libertad” que alentaron el golpe de Estado. Estados Unidos propició y financió una conspiración: una campaña de sabotajes, atentados y el secuestro del Gral. René Schneider, Cdte. en Jefe del Ejército, partidario de respetar el resultado electoral. Un grupo de informaciones del MIR detectó la conspiración e identificó a los responsables de los sabotajes y atentados. Secuestraron a Schneider y fue asesinado el 22 de octubre de 1970. Frustrada la operación golpista, asumió el mando del Ejército el Gral. Carlos Prats, de la corriente constitucionalista. El Congreso ratificó el triunfo de Allende, asumió la presidencia el 3 de noviembre de 1970. La U.P. administraba el gobierno y los reaccionarios tenían el control mayoritario del Congreso, la Contraloría, y el Poder Judicial.

Sabotajes, boicot, atentados y desabastecimiento: de fines de 1971 a abril de 1972, la reacción se reorganiza. Partidos opositores y empresarios trazan un plan de insurgencia civil contra el gobierno. Los empresarios se unen al boicot financiado por la CIA. En 1972 una conspiración golpista fue detectada y desarticulada. La oposición continuó su estrategia de atentados, sabotajes y aliento al golpismo militar. El paro patronal busca desestabilizar al gobierno paralizando de forma indefinida la economía del país, y forzando una intervención militar. Se afectó el abastecimiento del país; sin frenar la producción industrial y agraria porque los trabajadores ocuparon industrias y fundos. La movilización de los trabajadores generó una coyuntura favorable para avanzar en la acumulación de fuerza revolucionaria, superando el reformismo. Los reformistas alentaron la desmovilización de las masas, llamando a devolver las industrias a los empresarios. El gobierno llamó a una tregua hasta marzo de 1973. Para consolidar la paz social, Allende incorporó varios generales al Gabinete. La UP, vota bajo presión de militares y la derecha, la “Ley de Control de Armas”. En las elecciones parlamentarias de 1973, la UP no logró la mayoría. Patricio Aylwin conduce la DC, dijo: “detener el avance del marxismo, por todos los medios”.

Segundo intento de golpe: la oposición converge con la idea golpista, se intensifica la insubordinación militar. El MIR lanzó una contraofensiva revolucionaria: enfrentar a los militares apoyándose en la acción directa de masas y los organismos de poder popular; y ganar los sectores democráticos de las FFAA. Miembros leales de las FFAA confirman: “En la oficialidad la actividad golpista crecía”. Algunos suboficiales, oficiales, clases y soldados se oponían al golpismo y simpatizan con el gobierno popular. El coronel Ominami solicitó a la diputada Laura Allende una entrevista para informarle cómo estaban operando oficiales golpistas; oficiales antigolpistas no recibían apoyo del gobierno. Pidió que le comunicara a Allende que  estaban dispuestos a defender el gobierno. Allende nunca dió esa entrevista, ni otras que le solicitaron. Su política fue no pasar por sobre los altos mandos y no intervenir dentro de las instituciones armadas. El Gral. Carlos Prats y un puñado de oficiales superiores le demostraron lealtad y consecuencia democrática.

Tercer intento de golpe: la oficialidad sediciosa daría el golpe en junio de 1973. El 29 de junio de 1973, el Cdte. Souper se sublevó dirigiendo a Santiago una columna de tanques y carros blindados. Civiles armados de “Patria y Libertad” apoyaron el ataque a “La Moneda”. El Gral. Prats movilizó tropas leales y redujo sublevados. La sublevación se frustró porque no lograron apoyo de suboficiales y tropa antigolpista. Allende convocó a una demostración de fuerza contra el golpe, ocupando centros de trabajo. Advirtió que de ser necesario armaría al pueblo. Escuelas, fábricas, campos, oficinas públicas fueron ocupadas, el pueblo se manifestó contra los sediciosos y pidió castigar a los golpistas.

El intento de golpe del 29 de junio de 1973 se conoció históricamente como “el tanquetazo”. Superada la situación, el gobierno dialogó con la DC e hizo concesiones: alentó a la desmovilización, llamó a combatir la constitución de órganos de poder locales, puso en marcha la “Ley de Control de Armas”, allanaron industrias y campos ocupados, desalojaron a trabajadores y aterrorizaron al movimiento de masas. La DC exigió nombramiento de un gabinete con participación mayoritaria de las FFAA y que éstas pudieran actuar con autonomía para reestablecer el orden constitucional, dando un “golpe de estado legal”. La oposición se unió en el armado de sabotajes y atentados. Los transportistas lanzan un paro indefinido, se sumaron comerciantes y profesionales. Los empresarios realizaron un hostigamiento parlamentario y una subversiva campaña de prensa. Los golpistas recibían asesoramiento y apoyo financiero desde Estados Unidos. Fue asesinado el Cdte. Arturo Araya, edecán naval y amigo del presidente.

El gobierno perdió el control de la economía. Las contradicciones del sector reformista alrededor de Allende, y la izquierda de la UP llevan a un colapso a la conducción. Las políticas de gobierno claudicantes produjeron una gran desilusión popular. La situación pasó de un ascenso de la movilización de masas que había alcanzado la cumbre con la respuesta al “tanquetazo”, a una declinación rápida que puede considerarse un período contrarrevolucionario.

El gobierno no castigó a los comprometidos con “el tanquetazo”, lo que alentó a los golpistas. Luego del fracasado diálogo de la UP con la DC, se incorporaron al gabinete tres generales, entre ellos Prats, se fortalece la acción sediciosa. Altos mandos de la Marina desencadenaron una represión interna, deteniendo a 300 suboficiales y marineros antigolpistas salvajemente torturados. La desmoralización y persecución llegó a los suboficiales y uniformados leales, que el gobierno dejaba indefensos.

El golpe sangriento contra el pueblo fue largamente anunciado, cuarto intento: se unieron partidarios del “golpe blando” y del “golpe duro” para echar a los militares constitucionalistas que exigían que se respete al  presidente. Oficiales sediciosos se expresan a través de sus esposas y exigen la renuncia del Cdte. en Jefe del Ejército. Carlos Prats pidió a los generales que firmen un documento en desagravio, más de la mitad se negó a firmar. A raíz de este hecho, Prats presentó su renuncia indeclinable, lo  reemplaza Augusto Pinochet. El 22 de agosto de 1973, la DC y la derecha aprueban una resolución en la Cámara de Diputados declarando “ilegal” al gobierno. La caída del gobierno estaba anunciada.

Los militares partidarios del “golpe duro” se impusieron y dieron un sangriento golpe de Estado el 11 de septiembre de 1973. Según el testimonio de Pascal Allende:  “Miguel Enríquez había logrado comunicarse con “La Moneda” y hablar con Beatriz Allende, ofreciéndole al presidente apoyarlo con una columna de combatientes para que pudiera replegarse hacia el barrio industrial donde había mejores posibilidades de resistencia. Allende le mandó decir a Tati que no se movería de “La Moneda”, aunque muriera allí, y que ahora le tocaba a Miguel seguir adelante…”

Lamentablemente, Salvador Allende no estuvo a la altura de las circunstancias políticas. Por su política reformista no conformó las milicias populares, no dió reuniones a los sectores del ejército leales que se ofrecieron a combatir a los sediciosos. Su política reformista, lo llevó a ceder una y otra vez a los intereses de la D.C., como la incorporación de los militares al gabinete y su autonomía en las decisiones; la devolución de empresas ocupadas; la aplicación de la “Ley de Control de Armas” hacia el movimiento popular revolucionario.  Allende cedió ante la represión a los trabajadores, a los pobladores organizados, y a la tortura de los suboficiales y la tropa leal al gobierno. No permitió que los organismos de poder popular y sus organizaciones revolucionarias, salieran junto con los suboficiales democráticos y  la tropa a defender lo que habían ganado legítimamente: el derecho a  construir una patria socialista para que los trabajadores y el pueblo pudieran caminar dignamente por las anchas alamedas.

Si el proyecto popular no se sustenta en la construcción de organismos de poder popular, si no es conducido por la clase trabajadora y el pueblo, si no se sustenta sobre la base de la construcción del poder obrero y popular, seguramente, ese proyecto será funcional a los intereses del Estado burgués. Los dirigentes titubeantes con la burguesía que conceden sus privilegios realizando una política reformista que beneficia y fortalece únicamente a la burguesía, claudican a los intereses populares. Eso es lo que hizo Salvador Allende, cuando fue presidente de Chile. Si ese proyecto no es defendido por el pueblo en armas, lo más seguro es que ese proyecto de gobierno popular vaya al fracaso; sólo tendrá el gobierno y no el poder.

Tania Delfino

(1) Miembro del MIR y sobrino del presidente Salvador Allende.

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La sangre derramada no será negociada*

Un falcón blanco atraviesa en el atardecer del sur, los 20 kilometros que separan el penal de Rawson del aeropuerto de Trelew. Arriba del auto viajan 6 miembros de las direcciones del PRT-ERP, FAR y Montoneros. Son las 19:45. Más atrás los siguen tres remises con otro contingente de 19 militantes. Algo no ha salido bien pese a la minuciosa planificación de la fuga, y la diferencia de minutos entre el primer auto y el segundo grupo hace que el avión que los debía llevar a Chile se encuentre levantando vuelo cuando llegan. Esto los obliga al copamiento del aeropuerto, la negociación con las fuerzas represivas y la posterior rendición. El avión que remonta vuelo lleva a sus compañeros al asilo político del gobierno de Allende y tiempo después a Cuba.

La cárcel no contiene el auge de masas

El cordobazo, el mendozaso, el rosariazo, el tucumanazo son algunos de los estallidos populares que junto a otras formas de resistencia protagonizadas por los trabajadores y el pueblo fueron arrinconando a la Revolución Argentina del general Onganía iniciada en 1966. La lucha armada fue otra forma más a partir de la cual se gestó la oposición a la dictadura militar. El surgimiento de organizaciones como las FAP, FAR, Montoneros y el PRT-ERP llevó a otro plano la lucha de clases. El general Levingston, incapaz de cortarle la cabeza a la víbora subversiva, sufrió el segundo cordobazo y tuvo que cederle el lugar al general Alejandro Lanusse. El desgaste del gobierno de facto, producto del aumento de la lucha anti dictatorial, el crecimiento de la influencia de las organizaciones armadas y la proyección de una verdadera alternativa revolucionaria para el país obligó a las clases dominantes a buscar una salida política en septiembre de 1971 que se denominó el Gran Acuerdo Nacional. El llamado a elecciones estaba fechado para el año 1973. Lanusse, que tenía aspiraciones presidencialistas proyectando presentarse como candidato, buscaba realizar una salida ordenada de la dictadura.

Cientos de luchadores populares, dirigentes sindicales y miembros de las organizaciones armadas poblaban las diferentes cárceles del país a mediados de 1972. El penal de Rawson era considerado de máxima seguridad e inviable la escapatoria. La preparación en conjunto por parte de las FAR y el PRT-ERP de un plan de escape, se puso a prueba el 15 de agosto. Las organizaciones realizaron una acción coordinada que consistió en que los presos tomaran el penal desde adentro, mientras un grupo de apoyo exterior proveía los vehículos para dirigirse al aeropuerto donde otro grupo copaba un avión. Un error del responsable de los transportes, causó que los camiones que debían llevar a unos 100 presos se fueran sin lograr el objetivo. Sin embargo, la operación logró que los dirigentes de las organizaciones escaparan.

La fuga de los presos del penal de Rawson había puesto en ridículo al régimen. La coordinación entre las principales organizaciones armadas fue un ejemplo de lo que podían hacer cuando se actuaba en unidad. El rechazo del gobierno de Chile de devolver a los fugados, dejaba sin nada al general Lanusse. El descrédito de las Fuerzas Armadas aumentaba y la cúpula castrense decidió intentar una represalia que sirviera de escarmiento. La decisión de fusilar a los militantes en el sur no fue tomada aisladamente y significó además un preludio de lo que estaban dispuestos a hacer los militares 4 años más tarde con Videla, Massera y Agosti.

Pero la masacre de Trelew no generó el escarmiento esperado, sino todo lo contrario. La propia población de Trelew estalló en una nueva indignación, cuando en octubre del 72 se llevaron detenidos a 16 pobladores que participaron del comité de solidaridad con los presos. La ocupación del teatro Español por la gente, convirtió a la ciudad en una asamblea popular que presionó a las autoridades hasta lograr la liberación de todos los detenidos. Ante cada nueva arbitrariedad, surgía una respuesta. El asesinato de los guerrilleros dejó una huella de injusticia e indignación, que multiplicó la movilización y el compromiso por lograr un cambio social.

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La prensa filma las declaraciones de Bonet, Pujadas y Berger. Un juez les da las garantías de preservar sus vidas en presencia de los abogados. Un médico los revisa para constatar su salud. Un capitán de la marina les da su palabra de restituirlos al penal. Los 19 deponen las armas y se entregan sin oponer resistencia. Pero la palabra para el oficial Luis Sosa es algo que no tiene valor, ya sea por convicción personal o por las órdenes que le dieron sus superiores. El destino de los detenidos no será la cárcel de Rawson. Las frías celdas de la Base Almirante Zar los esperan.

A los compañeros caídos…

38 años después, la justicia lleva a juicio a los militares responsables de la masacre de Trelew. Durante 38 años el crimen que para todo el campo de la izquierda y para la mayor parte del pueblo se había mantenido impune, empieza a llevarse adelante. Pero es fundamental remarcar que sin la lucha, sin el recuerdo permanente de los familiares, compañeros y las organizaciones populares, esta posibilidad, hoy sería imposible. La condena social y política es lo que aún permite que la impunidad no pueda permanecer tranquila. Sostener la memoria de nuestros caídos, pese a la complicidad y la tibieza de los gobiernos posteriores a la dictadura, ha hecho posible que luego de décadas los que ayer apretaron el gatillo, hoy empiecen a ser juzgados. Entre los acusados se encuentra Jorge Bautista, Emilio Del Real, Carlos Marandino, Horacio Mayorga, y Luis Sosa. Varios de ellos ejecutores directos de los disparos. Este año se realizó además, el pedido de extradición del ex teniente Roberto Bravo que se encontraba en Miami dirigiendo una empresa que prestaba servicios al ejército norteamericano.

Si ayer las cárceles no lograron contener las esperanzas de construir un futuro digno, hoy, los museos de la memoria no alcanzan para contener el reclamo de juicio y castigo para los ejecutores, cómplices y responsables políticos del 22 de agosto.

Por otro lado, es importante recordar que recientemente se demostró que la Base Almirante Zar, que hace 4 décadas fue el escenario de los fusilamientos, siguió realizando inteligencia hacia diferentes organizaciones políticas durante la democracia. El gobierno K y el gobernador de la provincia de Chubut, Mario Das Neves (que quiere ser candidato a presidente en el 2011) buscan mostrarse progresistas en su política de derechos humanos, pero se mantienen indiferentes frente a estos y otros hechos represivos de la actualidad.

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Son las 3:30 de la madrugada del 22 de agosto. Pese al maltrato, las amenazas, los interrogatorios de los últimos días, y un simulacro de fusilamiento, su convicción sigue firme. No saben que la decisión en los altos mandos del régimen dictatorial ya ha sido tomada. El Capitán Sosa será el encargado de comandar la ejecución. A la orden de salir de las celdas y colocarse en fila en el pasillo, mentón contra el pecho, le sigue la metralla que inicia la masacre. El teniente Roberto Bravo será el encargado de dar el tiro de gracia a varios de ellos. Ricardo Haidar, Alberto Camps, y Ana María Berger salvan sus vidas de milagro. Su testimonio será una prueba inapelable de lo que difícilmente puede sostenerse, y que muy pocos creen, de la versión oficial. No hubo intento de fuga, fue un asesinato a sangre fría. Tiempo después, los sobrevivientes se reincorporaran a la militancia para continuar la lucha revolucionaria.

… se los remplaza en la lucha.

Pero no es esta justicia la que va a honrar a los compañeros. La verdadera justicia llegará cuando los sueños por los cuáles ellos pelearon se hagan realidad. Las causas que llevaron a que franjas importantes del pueblo argentino decida luchar contra las dictaduras y por la construcción de una sociedad más justa, aún hoy siguen presentes. Si la represión, la tortura y el asesinato no pudieron desaparecer los sueños de cambio de ayer, nosotros debemos aprender de su experiencia y su historia, para seguir soñando hoy, y salir a construir en cada barrio, en cada escuela, en cada fábrica, en cada universidad, el poder obrero y popular. La necesidad de buscar la unidad de las organizaciones que pretendemos hacer posible una revolución junto a los trabajadores y el pueblo, debe encontrar inspiración en el ejemplo y la voluntad de unidad que nos mostraron los compañeros en agosto de 1972. El mejor homenaje para ellos, es seguir en el camino de la lucha por el socialismo.

Pedro Benedetti

*Frase expresada por Rodolfo Ortega Peña al jurar como diputado en 1973, prometiendo investigar la masacre de Trelew. Ortega Peña fue abogado de presos políticos en los 60 y 70, y fue asesinado por la triple A en 1974.

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